on esta decisión, un juzgado de Cundinamarca, con sede en Bogotá, dio la razón a dos ecologistas de la asociación Entropika, que acusan al investigador de tráfico de animales por utilizar monos capturados al otro lado de la frontera colombiana.
La sentencia entró en vigor este viernes, cuando fue clausurado el laboratorio que Patarroyo tenía desde hace tres décadas en Leticia, una localidad en plena Amazonía y fronteriza con Perú y Brasil.
Allí, en plena selva y con una línea divisoria difusa, el investigador trabajaba con monos nocturnos de la especie Aotus, con un ADN similar al de los humanos.
La prohibición supone un gran golpe para Patarroyo, que se encontraba en la recta final de sus investigaciones, según confesó en una entrevista.
"Estamos muy cerca, y cuando digo muy, es mucho", indicó este doctor que ha dedicado su vida a la investigación de la malaria y otras enfermedades contagiosas.
"La vacuna para monos teníamos planeado terminarla a finales de este año o principios del que viene y como los monos tienen un sistema idéntico a los humanos, en estos estaría como un tiro", agregó.
Patarroyo defiende que el fallo judicial responde a "intereses oscuros", ya que hace seis años que los ecologistas de Entropika están detrás de su laboratorio y, a su juicio, "desafortunadamente la justicia cayó en la trampa".
Con datos en la mano, el científico detalló que cada año mueren por malaria en el mundo cerca de dos millones de personas, más de la mitad niños, y "la carrera de la muerte no cesa", lamentó ante la demora que causará este fallo y los diferentes cierres temporales que ha sufrido desde 2005.
En el mundo "muere un niño cada 30 segundos, que carguen en su conciencia con lo que están haciendo", sentenció Patarroyo.
Como consecuencia del fallo, el investigador colombiano ha recibido el apoyo de la comunidad científica, así como de los pueblos indígenas que habitan la zona amazónica en la que desarrolla su trabajo.
Los directivos de la de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional expresaron, en un comunicado, su "preocupación" por las "dificultades jurídicas" que afronta Patarroyo.
Además, las autoridades indígenas aticoya y azcaita han prohibido la entrada en sus territorios ancestrales a los miembros de Entropika y, en concreto, a una de sus activistas, Ángela Maldonado, a la que acusan de "abusar de la buena fe" de las comunidades y de "falsas afirmaciones" contra Patarroyo.
No es el único revés que ha recibido el descubridor en 1987 de la primera vacuna contra la malaria, denominada SPF-66, pues la aportación económica del Estado colombiano a su investigación ha descendido en los últimos años hasta niveles irrisorios al situarse en cerca de 180 mil dólares en 2012.
Con esa aportación, junto a las recibidas por la Agencia Española de Cooperación (AECID) y el Gobierno del País Vasco, Patarroyo ha sacado adelante en estos años la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC), en la que emplea a unas 70 personas.
Patarroyo anunció que apelará al fallo del tribunal para poder reabrir lo antes posible su laboratorio amazónico y conseguir la vacuna definitiva de la malaria.
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