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¿Cuándo se debe notificar RAMS?

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  Para el caso de profesionales de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud pública y privada Para las reacciones adversas “no serias” se debe notificar en un máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha en que se identificó el evento adverso. Para las reacciones adversas serias (graves) o amenaza de vida, inesperados, medicamentos de reciente comercialización y medicamentos de reciente incorporación a los listados institucionales se debe notificar en un máximo de 72 horas a partir de la fecha en que se identificó el evento adverso. Para los casos de “muerte” (incluye aquellos por causas no especificadas), se debe notificar en un máximo de 24 horas a partir de la fecha en que se identificó el evento adverso.  

Multan a Glaxo SmithKline por ocultar información sobre medicamentos.



Nueva York celebra “histórica” multa millonaria a la empresa por fraude.

Las autoridades del estado de Nueva York celebraron ayer la “histórica” multa de $3,000 millones que acordó pagar el gigante farmacéutico GlaxoSmithKline (GSK) por falsear u ocultar información sobre tres medicamentos.

El gigante GlaxoSmithKline LLC (GSK) pagará 3,000 millones de dólares, al gobierno estadounidense y estados, por cargos criminales y civiles.
Durante varios años, la compañía promocionó, de manera equivocada, dos medicamentos y no informó sobre contraindicaciones de un tercero.
Los efectos de esta conducta, se vieron en 44 estados, entre finales de la década del 90, hasta 2007. California en particular, recibirá 46 millones de dólares en compensaciones, el monto más grande entre los estados incluidos en el acuerdo.
Cerca de 2,000 millones se destinarán a daños y multas civiles para compensar a programas estatales y federales de salud, incluyendo Medicare, Medicaid y California Medi-Cal. Otros 1,000 millones corresponden a cargos criminales, relacionados con el etiquetamiento de drogas.
Al ser consultados por La Opinión, el Departamento de Justicia (DOJ) reconoció que no se ha podido determinar cuántas personas se vieron afectadas por la acciones de GSK, pero destacó, ayer, que el acuerdo tiene un carácter histórico, ya que representa la suma más alta pagada por una farmaceútica.
"Desde el inicio de esta Administración, hemos colectado 10,200 millones de dólares en litigios contra fraudes de salud. Está claro que no toleraremos este tipo de prácticas", enfatizó James Cole, fiscal general adjunto de DOJ.
Cuestionado respecto al real efecto de este tipo de procesos, considerando las abultadas ganancias de compañías farmaceúticas, Cole insistió en que se está "golpeando" a las empresas, como nunca antes.
Las drogas en cuestión fueron Paxil, promocionada de manera ilícita, para el tratamiento de depresión en pacientes menores de 18 años. DOJ explicó que se realizaron tres estudios para analizar los efectos de la droga en este grupo y falló en todos, al evaluar su eficacia. A pesar de esto, la compañía continuó con sus esfuerzos de marketing y difusión, con médicos y el público.
En su trabajo con profesionales de la salud, se incluyeron el pago de viajes, comidas, tratamientos de spa, que se tradujeron en comisiones ilegales, de acuerdo a los fiscales.
Según datos publicados en la revista especializada, Epidemiology en Estados Unidos, 1 en cada 100 niños en edad preescolar, 2 de cada 100 en edad escolar y cerca de 3-5 de cada 100 en adolescentes, presentan depresión.
Sin embargo, es más frecuente en grupos minoritarios, tales como los hijos de inmigrantes, en particular adolescentes mujeres, entre los 11-16 años.
De acuerdo al doctor Héctor Álvarez, "no existe una norma que determine un tratamiento estándar en estos niños, y las opiniones pueden variar dependiendo de la experiencia y preparación del médico tratante".
"Cuando el médico decide indicar un antidepresivo, debe estar seguro de su eficacia y advertir sobre los efectos no deseados. En los niños, estos son similares a los adultos", agregó.
El segundo medicamento afectado fue Wellbutrin. Aunque sólo había sido aprobado para el tratamiento de depresión, GSK lo promovió para problemas como obesidad, disfunción sexual y adicciones.
Finalmente, entre 2001 y 2007, GSK falló en incluir información requerida por la Administración Federal de Drogas (FDA), respecto al medicamento Avandia, para la diabetes. Entre los datos faltantes figuraban estudios respecto a los riesgos cardiovasculares asociados a la droga.
El gerente general de GSK, Andrew Witty, dijo a través de una declaración, que este tipo de problemas se originó en una era "diferente en la empresa y no pueden, ni deben ser ignoradas [...] hemos aprendido de los errores", comentó.
Como parte del acuerdo con el gobierno, GSK se comprometió a nuevas restricciones para prevenir el uso de sobornos y otras prácticas prohibidas. La compañía no podrá compensar a sus vendedores basados en metas de ventas para determinadas áreas.
También modificará su programa de compensación a ejecutivos, lo que le permitirá recuperar cierta remuneración, en el caso de quienes se vean envueltos en prácticas no autorizada.


“Las farmacéuticas no están por encima de la ley”, afirmó el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, tras conocerse el acuerdo cerrado por la multinacional británica con el Departamento de Justicia y 42 estados del país.
El fiscal dijo que la mala conducta del gigante farmacéutico era “alarmante” y celebró que tras el acuerdo, del que Nueva York recibirá $146 millones, “rendirá cuentas” por poner las ganancias corporativas por delante de la seguridad del público.
Schneiderman sostuvo que “no hay excusas” para comercializar de forma “engañosa” medicamentos no aprobados, ofrecer “sobornos” a los profesionales de la salud y “robar” a los contribuyentes.

























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