El Foro Nacional de Salud y la Alianza
Ciudadana Contra la Privatización de la Salud, se manifestaron esta mañana en
los contornos de Centro de Gobierno, en contra de la demanda de
inconstitucionalidad de la Ley de Medicamentos que presentó la industria
química farmacéutica INQUIFAR.
Según Margarita Posada, coordinadora del Foro Nacional de Salud, la demanda
interpuesta por la empresa farmacéutica interpreta que violenta los márgenes de
ganancia, y es que para Posada los medicamentos son bienes “vinculados a la
vida” y que además debe tutelar el Estado.
“Ante una demanda de mantener las ganancias abusivas de la farmacéuticas, debe
prevalecer el derecho a la vida de la población de rehabilitar su salud con
medicamentos, no es cualquier bien el que se esta regulando”, criticó
Posada.
Dice, además, que la Ley es producto de lucha de la sociedad civil desarrollada
a lo largo de diez años “con lo que viene a garantizar el acceso de la
población a medicamentos de calidad y a precios bajos, mediante un efectiva
regulación”.
Además, como medida de presión, habitantes de la comunidad del Bajo Lempa, en
Jiquilisco, Usulután, paralizaron el flujo vehicular en el puente de Oro;
también habitantes de Morazán paralizaron el tráfico sobre la carretera
Internacional en el kilómetro 18, volviendo a la normalidad en horas del
mediodía.
Posada añadió que la demanda plantea que la Dirección Nacional de Medicamentos
riñe con el establecimiento inconstitucional del Consejo Superior de Salud
Pública. Lo que para ellos el Consejo tiene la única función de velar por el
ejercicio de profesiones médicas, “no así un mandato específico para regular medicamentos,
por lo tanto no riñe”, aseguró.
“Le venimos a pedir a la Sala de lo Constitucional que no resuelva de manera
favorable, porque sería un golpe muy fuerte para el derecho a la vida de la
población”, recalcó Posada.
Para la coordinadora, el derecho a la vida y la salud es más importante que el
abuso de las farmacéuticas que por años, según ella, se han lucrado de los
medicamentos.
Miguel Orellana, integrante de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de
la Salud, dijo que presentaron a la Corte Suprema un petitorio para que no sea
tomado en cuenta el recurso de inconstitucionalidad que presentó la empresa
farmacéutica, en octubre.
Además, dijo que se movilizarán a la Asamblea Legislativa para apoyar los
préstamos de $80 millones de dólares para la de salud., y que sean
aprobados en la plenaria de hoy.
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