Uruguay, un país de apenas 3 millones de
habitantes y 13 millones de vacas, puja por cambiar paradigmas. Su presidente,
el exguerrillero José Mujica, avanza en un proyecto de ley para que el Estado
uruguayo monopolice el cultivo y comercio de la marihuana de uso recreativo. La
idea ha generado todo tipo de reacciones, unas de condena y otras que lo
consideran una alternativa viable para evitar violencia relacionada con las
drogas.
Es cierto que la pasta base, la terrible droga conocida como
paco, causa estragos entre los jóvenes más pobres, igual que sucede en los
países vecinos. Pero a diferencia de Argentina, en Uruguay no suelen
perpetrarse atracos en las casas en presencia de sus propietarios; la población
tampoco padece los llamados secuestros exprés como en México o Venezuela.
Sin
embargo, una vez que el desempleo ha descendido hasta un insignificante 5.5%,
la inseguridad se ha convertido en la primera preocupación de la gente. Por
eso, el pasado junio el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro,
presentó un plan de 16 puntos contra la inseguridad. Incluida entre otras 15
propuestas, el ministro anunció su intención de abrir un debate para promover
el “control estricto” de la producción, distribución y venta de la marihuana
por parte del Estado. El objetivo es quitar una porción de sus ganancias a los
traficantes de droga
“Esto es como Galicia: las redes de narco se tejen sobre la memoria de las
redes del contrabando. Primero fue el tabaco y marihuana, después la coca”,
señala Julio Calzada, responsable de la Secretaría General de Drogas. “Sabemos
que en el país hay por lo menos 18,500 usuarios diarios de marihuana. Y de
cocaína, solo 6,000 personas la han probado en un año. Aunque la cocaína deja
mucho más margen de beneficio a los traficantes, la marihuana mueve un mayor
volumen de negocio.
Así que si logro hacerme con el 90% del mercado actual de
la marihuana, si les debilito a los narcos ese mercado, el otro les será menos
rentable. Seguramente buscarán entonces otro tipo de delitos, otras formas de
contrabando. Pero no provocarán tantos daños sociales ni psicológicos.”
Uruguay no supone ningún riesgo para el flujo de droga en Latinoamérica. “Acá
no hay volumen de negocio para los grandes carteles de la droga”, asume
Calzada. “No hay condiciones climáticas ni físicas para producir.
No hay
selvas. Te agarras una avioneta y con $10,000 de combustible ves todo lo que
está plantado. Por eso no hay grandes narcos. Lo que hay son organizaciones
locales que nunca podrán comprar 1,000 kilos de coca para ponerlos en España.
Son grupos de familias uruguayas que, a causa de las tensiones creadas por un
mercado tan pequeño, han entrado en una lógica de acrecentar la violencia.”
¿Por qué ha sido Uruguay el primero en dar ese paso? “Alguien tiene que ser el
primero”, declaró en junio el presidente de Uruguay, José Mujica, en una
entrevista concedida a O Globo. “Alguien tiene que empezar en América del Sur.
Porque estamos perdiendo la batalla contra las drogas y el crimen en el
continente.” Mujica se encontraba por esas fechas en Brasil durante la cumbre
Río+20 que reunió a todos los países miembros de la ONU para discutir sobre
medio ambiente. Pocos fueron los acuerdos concretos alcanzados en esa cumbre.
Sin embargo, el discurso que pronunció José Mujica (como siempre, sin corbata)
obtuvo más de un millón de visitas en Youtube:
.
En cuanto Mujica comenzó a aportar detalles sobre su proyecto contra el tráfico
de drogas, en Uruguay comenzaron a llover críticas sobre las “incongruencias”,
“contradicciones” y “sinsentidos” de su proyecto. “El Estado tendrá el control
de la calidad, cantidad y precio, y la gente va a estar registrada”, señaló
Mujica en O Globo. “Los cigarrillos tienen un control digital y se puede
rastrear su origen a través de la firma química de la muestra. Es importante
que si alguien compra 20 cigarrillos tendrá que consumirlos y no podrá
venderlos. Con el registro en el Estado, estos usuarios serán fáciles de
rastrear si las reglas son violadas.”
“Mujica bastardeó la propia discusión por la que pedía seriedad”, indica
Guillermo Garat, autor del libro “Marihuana y otras hierbas”, publicado el
pasado septiembre en Uruguay. “Mujica dijo: ‘Si los drogadictos quieren fumar
más porros, me van a tener que traer la colilla’. Hubo que decirle: ‘Mujica,
los porros no tienen colilla’. Después prometió que si el 60% de la población
no aprobaba la iniciativa, entonces la anularía. Eso no es serio. ¿Un Gobierno
lleva algo al Parlamento en función de lo que digan las encuestas? Y encima, el
mismo día en que declaró eso salió una encuesta, con preguntas mal planteadas,
donde se aseguraba que la mayor parte de la población se oponía a la
legalización”.
. Mujica y la sociedad arrastran aún esa idea. El
Gobierno dijo que iba a regularizar el
mercado del cannabis, pero no nos dijo
cómo. Mujica ha estado usando calificativos estigmatizantes contra los
consumidores de droga. Y eso llevó a un montón de especulaciones del Gobierno y
la prensa. La gente estaba confundida. Hubo políticos que decían: ‘¿Le vamos a
comprar marihuana a los narcos?’”
Mujica es un gran republicano, eso hay que reconocérselo. Se atiene
a la definición más estricta de la República: el pueblo está representado en
sus instituciones y hay que respetarlas. Me parece muy valorable que lleve eso
al Parlamento, donde hay oposición. Creo que él mismo se da cuenta de sus
limitaciones y prefiere que la decisión esté en ese órgano colectivo de
representación”.
“Tenemos que aceptar que habrá imperfecciones, pero habrá que ser flexibles,
esto requiere tiempo”, advertía el pasado miércoles el británico Steve Rolles,
miembro de la fundación Transform Drug Policy, quien acudió a la Facultad de
Ciencias Sociales de Montevideo para pronunciar una conferencia sobre el tema.
Julio Calzada, el responsable de la Secretaría General de Drogas, escuchaba
atentamente todas las intervenciones. Al final, entre la treintena de
asistentes a la conferencia, un hombre de mediana edad se dirigió a él:
—Hasta el momento, la única cuestión práctica que ha conseguido el proyecto del
Gobierno ha sido paralizar el anterior sobre autocultivo.
El proyecto ha recibido críticas desde la izquierda y la derecha. El socialista
y expresidente Tabaré Vázquez, impulsor de la legislación que prohíbe fumar en
los espacios públicos, declaró: “Los países que legalizaron la marihuana están
rebobinando porque la experiencia no fue buena”. El senador del Partido
Colorado y presidente durante dos mandatos, Julio María Sanguinetti, calificó
la propuesta como una de las “ocurrencias habituales” de Mujica y escribió el
lunes en el diario argentino La Nación: “Lamentablemente, gente seria del mundo
internacional que desea discutir la legalización de la marihuana ha aludido
favorablemente a la propuesta de Mujica, sin conocer el frangollo en que está
envuelta. Nos referimos, por ejemplo, a nuestros admirados amigos Mario Vargas
Llosa y Fernando Henrique Cardoso (...) Lo único de bueno del intempestivo planteo
es que ha puesto en relieve la información que, en el mundo, hoy se está dando
sobre la peligrosidad de la marihuana”.
Los defensores de la propuesta, sin embargo, creen que lo único que ha quedado
claro hasta ahora es que tras varias décadas de prohibición de las drogas y
lucha contra el narcotráfico, el consumo y el tráfico no ha hecho más que
crecer y corromper las bases morales de la sociedad.
El proyecto debería convertirse en ley antes de que Mujica entregue su banda
presidencial en 2015. “Seguramente habrá un ritmo más rápido a la hora de
aprobar todo lo relacionado con el autocultivo. Y habrá otro ritmo, a medio
plazo, para atender el tema a la regulación por parte del Estado”, explica el
diputado Sabini.
El economista Carlos Casacuberta ha estudiado el panorama que puede avecinarse:
“Los narcos reaccionarán como cualquier empresa. Buscarán competir con la
marihuana del Gobierno, encontrar su nicho. Habrá dos modelos de marihuana: la
ilegal y la legal. Al final del día, ¿qué nos habrá permitido el nuevo sistema?
¿Debilitar, arrinconar o expulsar del mercado al narcotráfico? No. Ya existen
las otras drogas y también una porción importante del mercado de marihuana
quedará en sus manos. ¿Se habrá ahorrado en represión? Parece que no. ¿Habrá
menos violencia? No parece claro que los episodios de violencia estén
particularmente vinculados a la marihuana. Al sustraer parte de la marihuana de
la órbita del narcotráfico, ¿disminuirá el consumo de otras drogas? La
experiencia holandesa de separar los mercados (el de la marihuana y el de las
drogas duras) nunca encontró evidencia demasiado concluyente”.
Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de aprobar el proyecto? “Se integraría el
consumo de marihuana como una actividad legitimada socialmente y se evitaría a
los consumidores ‘el coste psíquico’, asociado a la ilegalidad. No obstante,
Casacuberta cree que en el futuro se reconocerán los daños que provoca la
marihuana en la salud, discusión que no se ha procesado en la dimensión que
merece.”
El profesor de Psicología social Juan Fernández Romar, quien fue uno de los
profesionales consultados por el Gobierno, reconoce que será muy complejo
“instrumentar” el proyecto, hacerlo realidad. Pero cree que el debate ya está
mereciendo la pena y ya ha ayudado para aportar más información a la sociedad.
“Esto forma parte del conjunto de leyes, como la despenalización del aborto o
la del matrimonio igualitario (pendiente de aprobación), que me hace sentir
orgulloso del país donde vivo. Aunque tan solo sea por poner sobre la mesa este
problema tan complejo.”
“¿Qué pasará?”, se pregunta Guillermo Garat en su libro. “No se sabe, esta
historia no tiene final. Lo único más o menos claro es lo que ya pasó, lo más
interesante es lo que vendrá y las respuestas que teja la sociedad, a menos que
se dé por vencida.”
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