La calidad del aire en la Unión Europea (UE) sigue por debajo de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que aumenta el riesgo de muertes prematuras y daño ambiental, señaló el miércoles un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA).
Los contaminantes en el aire, incluida la materia particulada y el ozono, generan 500.000 muertes prematuras por año en la UE y países vecinos, además de la pérdida de biodiversidad.
Si bien los niveles generales de contaminantes ambientales se redujeron, el reporte de la EEA halló que en algunos casos están altamente concentrados.
Más del 95 por ciento de la población urbana de la UE está expuesta a cantidades de ozono a nivel del suelo que exceden lo aconsejable según los lineamientos de la OMS, y entre el 80 y el 90 por ciento del mismo grupo de personas está expuesto en exceso a materia particulada, ambas cuestiones relacionadas con los problemas cardiovasculares y la enfermedad pulmonar.
"La calidad del aire en Europa está mejorando en general, pero las concentraciones de algunos contaminantes aún están poniendo en riesgo la salud de las personas", indicó en un comunicado la directora ejecutiva de la EEA, Jacqueline McGlade.
En el 2020, estimaciones de la UE indican que los contaminantes del aire costarán unos 537.000 millones de euros (unos 741.000 millones de dólares) en términos de salud humana, además de los daños al ecosistema y la agricultura.
Varios estados miembro han fracasado a la hora de cumplir con la legislación regional sobre calidad del aire y están enfrentando acciones legales por parte de la Comisión Europea. Si son hallados culpables de infringir la ley de la UE, los estados deberán enfrentar penas financieras.
"No somos amantes de emitir penalizaciones", dijo un experto en calidad del aire de la Comisión Europea durante una presentación del informe de la EEA ante el Parlamento Europeo. "Preferiríamos que el dinero se use para hacer cambios en el terreno", añadió.
La UE planea revisar la legislación sobre calidad del aire en el 2013, y la evidencia ya sugiere que se necesitan estándares más estrictos.
No obstante, dada la resistencia de los estados miembros sobre reforzar la legislación actual, algunos cuestionan si medidas más rígidas serían asequibles.