Otros dos pacientes fallecieron cerca de Magdeburgo durante ensayos de un preparado para la hipertensión realizado por la casa Sandoz, luego adquirido por la suiza Novartis.
Otro ejemplo fue la sustancia dopante “Epo” que en la clínica Charité de Berlín fue aplicada a unos 30 niños prematuros por parte de Boehringer-Mannheim, hoy parte de la multinacional Roche.
La alemana Bayer encargó a la misma clínica Charité ensayos de un medicamento para la circulación sanguínea cerebral que se efectuaron en alcohólicos en momentos de delirio agudo, y cuya condición les impedía saber de la prueba.
Los productores ofrecieron hasta 800 mil marcos occidentales por cada prueba, y la farmacéutica berlinesa occidental Schering (hoy controlada de Bayern) ofreció a la clínica Charité seis millones de marcos por un año de pruebas.
En los documentos, la RDA aparece descrita como “un país de bajo costo” y “territorio de pruebas” conveniente.
En la mayoría de los casos los pacientes no fueron informados correctamente acerca de los medicamentos ni menos de sus derechos, en una abierta apuesta de las farmacéuticas occidentales por la opacidad de la información.
Fue así que la productora alemana Hoechst (hoy controlada por Sanofi), pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, escribió en un documento que “el texto de explicación del ensayo permanecería en los médicos y no en manos del paciente”.
También se encontraron formas para evitar que el paciente firmara los documentos necesarios: “la autorización tendrá lugar a través de la firma del médico y un testigo”, se lee en otro documento de Hoechst.
Consultadas por Der Spiegel, las farmacéuticas involucradas argumentaron que los hechos yacen demasiado lejos en el tiempo para reconstruir con exactitud los procedimientos.
Explicaron que los ensayos se llevan a cabo generalmente bajo reglas muy estrictas, y la Asociación de Productores de Medicamentos aseguró que “hasta ahora no tuvo indicios de que algo ocurriera de manera incorrecta”.