¿Cuándo se debe notificar RAMS?

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  Para el caso de profesionales de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud pública y privada Para las reacciones adversas “no serias” se debe notificar en un máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha en que se identificó el evento adverso. Para las reacciones adversas serias (graves) o amenaza de vida, inesperados, medicamentos de reciente comercialización y medicamentos de reciente incorporación a los listados institucionales se debe notificar en un máximo de 72 horas a partir de la fecha en que se identificó el evento adverso. Para los casos de “muerte” (incluye aquellos por causas no especificadas), se debe notificar en un máximo de 24 horas a partir de la fecha en que se identificó el evento adverso.  

Las cifras de la talidomida en España: un enigma por resolver

Los afectados españoles por la talidomida, el medicamento de la farmacéutica Grünenthal que les causó malformaciones, tienen varios frentes abiertos en su lucha por que se reconozcan sus derechos como víctimas.
 No sólo han sufrido en los últimos años varios varapalos judiciales que les han hecho agotar esta vía hacia la consecución de indemnizaciones por parte del laboratorio alemán, sino que también han padecido el olvido de las administraciones sanitarias a la hora de reconocerles como afectados.

En 2010, el Gobierno aprobó a nivel estatal un Real Decreto que sólo reconoció a 24 personas como damnificadas por el medicamento de Grünenthal, algo que no hizo más que indignar a quienes componen la Asociación Española de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), al considerar insuficiente la medida y estimar en más de 200 el número de afectados. Seis años después, sólo dos comunidades autónomas han tratado de enmendar el problema con el establecimiento de registros que ayuden a certificar la condición de afectados por la talidomida a las víctimas.

Una de ellas es Andalucía, donde el pasado mes de noviembre se entregaron 51 reconocimientos oficiales. El consejero de Salud de Andalucía, Aquilino Alonso, y la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, fueron los encargados de entregar los certificados de inscripción en el registro de talidomida de esta comunidad autónoma. 

El primero destacó que esta inscripción permitirá “garantizar un mejor seguimiento individual, según las necesidades y particularidades de cada una de las personas afectadas, a la vez que supone un reconocimiento oficial de cara a posibles acciones ante los tribunales". Por su parte, Sánchez Rubio recalcó la importancia del registro con el que “se hace justicia con un colectivo que ha recibido muchos reveses”.

Otra de las comunidades que ha hecho algo al respecto es Murcia. Desde la Consejería de Sanidad de esta región se diseñó un circuito sanitario asistencial para pacientes con sospecha de embriopatía por talidomida, con inicio en Atención Primaria hasta la sección de genética médica y disformología del Hospital Virgen de la Arrixaca

A nivel comunitario, las víctimas españolas han recibido el respaldo del Parlamento europeo. La Eurocámara aprobó en diciembre una resolución en la que se señala que el Gobierno español debe revisar el proceso iniciado en 2010 para facilitar la identificación y compensación de los afectados por la talidomida. Más de 50 años después de la tragedia, todavía hay víctimas que luchan por una compensación en varios países de la Unión Europea, entre ellos España.

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