Un grupo de pacientes con insuficiencia renal crónica, a los cuales se les aplica el medicamento Eritropoyetina alfa, fueron evaluados por el Instituto de Medicina Legal para determinar si el fármaco les causa efectos secundarios.
La evaluación que hizo Medicina Legal es parte del proceso de amparo que tres pacientes interpusieron en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2016, en la cual han dicho que la Eritropoyetina alfa les afecta gravemente su salud para el tratamiento de anemia, en comparación con la Eritropoyetina beta.
Estos pacientes han pedido que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social les (ISSS) aplique, a todos los enfermos de insuficiencia renal crónica por igual, la Eritropoyetina beta.
En una notificación del 22 de septiembre de 2017, la Sala de lo Constitucional ordenó al Instituto de Medicina Legal que realizará el peritaje a 42 pacientes cuyos expedientes están en manos del ISSS.
Para hacer todas esas evaluaciones, la Sala ordenó a Medicina Legal que los hiciera en un mes; es decir el informe se los tuvo que enviar a finales de octubre del año pasado.
Para resolver si a los pacientes renales se les dará la Eritropoyetina alfa, la Sala ordenó a la institución forense que les preguntara a los pacientes que autorizaron sus expedientes, aspectos muy puntuales acerca de su enfermedad crónica.
Medicina Legal les preguntó a los pacientes: si han tenido efectos secundarios por los medicamentos metoxi-polietilenglico-epoetina beta y Eritropoyetina alfa humana recombinante y – en caso afirmativo – que señalen las fechas aproximadas.
Asimismo, se les preguntó a los enfermos: en caso de haber tenido efectos secundarios, verificar si estos dejaron constancia de ello; en caso negativo, deberán indicar los efectos secundarios que omitieron incorporar al expediente clínico.
La Sala ordenó a Medicina Legal hacer un listado de los presuntos efectos secundarios que omitieron incorporar los médicos (nefrólogos) tratantes en los expedientes de los pacientes, indicando si eran el resultado de la aplicación del medicamento metoxi-polietilenglico-epoetina beta y Eritropoyetina alfa humana recombinante.
Uno de los pacientes con insuficiencia renal crónica que entrevistó Medicina Legal, cuya identidad se encuentra resguardada a solicitud de los mismos enfermos y por disposición de la misma Sala, aseguró que el fármaco Eritropoyetina alfa le genera severos efectos secundarios.
“Los efectos de la Eritropoyetina alfa nos sube la presión y nos duele la cabeza. Es necesario estar pendiente de la Eritropoyetina porque, si no (lo hacemos), la hemoglobina se nos baja; pero si uno tiene la presión mínima a 100 ya no nos ponen la Eritropoyetina porque eleva más la presión”, dijo un paciente que entrevistó Medicina Legal.
Agregó que dos médicos del Instituto “me estuvieron revisando”, y le preguntaron desde cuándo empezó con la enfermedad, cuándo se la diagnosticaron y cuándo fue su primer hemodiálisis y todo el proceso que había empezado desde que le descubrieron la enfermedad.
Este paciente aseguró que al mes le están poniendo 24 inyecciones.
Agregó que antes que le aplicaran la Eritropoyetina alfa, le suministraban la de tipo beta. Esta era solo una inyección al mes y no le daba efecto contrario a su salud, como elevarle la presión.
Omar Vásquez, de la Asociación de Pacientes Renales, explicó que la Eritropoyetina alfa no solo les eleva la presión a los pacientes, sino que les causa dolores en el pecho, dolor de cabeza.
Uno de los problemas que hay es que cuando el paciente tiene la presión alta, no le aplican el medicamento, lo que conlleva a que se les haga transfusiones de sangre porque la hemoglobina baja.
El Seguro Social viene aplicando el fármaco desde el mes de febrero de 2016.
Vásquez espera que la resolución final que emitirá la Sala de lo Constitucional sea favorable a los pacientes y vuelvan a aplicarles la Eritropoyetina beta, ya que les mejora sus condiciones de salud.
Politicos en España han presentado una enmienda al proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado por la que se concretan las ayudas a las víctimas de la talidomida y que contemplan indemnizaciones de entre 36.000 y 180.000 euros para los afectados por este fármaco entre los años 1955 y 1985.
